ORACION A SAN EXPEDITO
Es el santo de los milagros urgentes. Centenares de oraciones, agradecimientos y súplicas, se publican diariamente en su nombre. Sus fieles devotos ocupan columnas y más columnas en las páginas de los clasificados de todo el país, para expresar su veneración y su esperanza de gracias pedidas o concedidas. Pero en Salta, por unas horas, el nombre de San Expedito saltó de esas pequeñas esquelas de devoción religiosa, a ser mencionado como un sitio donde de nada valieron las súplicas ni los ruegos. Ni siquiera la desazón humana del abandono o la marginación. Esta vez el santo no pudo hacer prevalecer su manto milagroso, frente a la prepotencia de la fuerza. El Gobierno provincial utilizó su brazo armado para desalojar a personas indefensas –en su gran mayoría mujeres y niños de corta edad- en el momento de mayor debilidad: cuando estaban entregadas al sueño y procuraban cobijarse en sus precarias viviendas del frío helado del amanecer. Las mujeres que habían quedado al cuidado de los hijos, luego de que los hombres partieran a sus empleos, mostraban sus rostros perplejos mientras los efectivos desarmaban sus casas, hechas con bloques apilados, tirantes de madera, chapas y plásticos. A su lado, la prole de tres, cuatro, cinco o mas hijos, tiritaban de frío y o lloraban de hambre, sin comprender porqué aquellos hombres que supuestamente deberían protegerlos, los estaban dejando a la intemperie y los despojaban de sus pocas pertenencias. En una franja de terreno sin vestigios de vegetación, que los catastros registran paradójicamente como “reserva natural”, unas 170 familias carenciadas, se habían esparcido hacía tres meses procurando asegurarse una parcela donde vivir. De algún registro urbano surgió el nombre de San Expedito: una lonja lindante con los cerros y el terraplén del ferrocarril, rodeada de otros barrios de un rango apenas superior como 1 de mayo, La Unión o Juan Pablo II. Por la posesión de esa parcela, invocando el status de reserva otorgado alguna vez al predio, el propio Gobierno inició una demanda de desalojo ante el juzgado Correccional del doctor Marcelo Torres Galvez. Resultó paradójico que una administración que habilita el desmonte de miles de hectáreas cada mes, defendiera con tanto tesón aquella porción de terreno yermo y pedregoso. Tal vez influenciado por la urgencia con que el santo recepta la peticiones de sus fieles, el magistrado expidió justamente con la mayor celeridad la requerida orden de desalojo, el 18 de mayo de este año. La resistencia de los vecinos y la intervención de sectores políticos paralizaron la orden y consiguieron un plazo de 30 dias para encontrar una solución. El Gobierno dejó que pasaran las internas del partido Justicialista, para actuar en base a aquella orden que ya no tenía vigencia legal. Unos días antes, los candidatos habían visitado el asentamiento repartiendo bolsones y promesas. Muchos de los habitantes de San Expedito fueron cargados en remises y combis para ir a votar y sumar su aporte a la compulsa. Tres días después unos 600 policías rodearon el asentamiento dispuestos a borrarlo del mapa. La resistencia no tardó en aparecer. Animados por su propia impotencia, los ocupantes disputaron palmo a palmo cada metro de terreno contra el avance policial. Los efectivos no dudaron en disparar sus balas de goma y cargar contra mujeres embarazadas, niños y ancianos, arrastrando gente del mismo modo que antes habían intentado cargar sus chapas de zinc. Como enviado del Cielo apareció el juez Torres Galvez, molesto porque alguien había invocado su nombre y una presunta orden de desalojo firmada por él. La ilegalidad del operativo quedó al descubierto. Desde las más altas esferas del Gobierno, se decidió continuar con el desalojo y pagar el costo político. A esa hora, las imágenes de la violencia ejercida por la policía, había recorrido el país y el mundo a través de las señales de cable y noticieros de Buenos Aires. Las mismas imágenes, pero con mayor violencia aún, se repitieron por la tarde. Tardiamente, un juez penal, emitió una orden de cese del operativo, cuando ya todo había terminado y se había consumado la humillación de expulsar a centenares de personas desamparadas a un desamparo aun mayor: la incertidumbre de no saber donde ir. Al día siguiente, el gobierno justificó el celo por desalojar San Expedito ya no por su carácter de reserva, sino por un absurdo informe sanitario que alertó sobre la presencia de enfermedades contagiosas a causa de la cercanía con los piletones de decantación de residuos cloacales. Con ese argumento, todos los barrios que rodean ese lugar, deberían ser exterminados porque hace años que padecen las consecuencias de su funcionamiento. El ministro de Gobierno, Manuel Brizuela y el secretario de Seguridad, Gustavo Ferrari, justificaron el operativo, demostrando una vez más su particular interpretación de la división de poderes y el valor de la vida humana. Intereses superiores como el crecimiento inmobiliario de la zona norte o la traza de la nueva ruta Panamericana, habrían primado por encima de una las necesidades más básicas de la población: la vivienda. El déficit habitacional en Salta es uno de los más altos del país. El programa Familia Propietaria es la respuesta institucional que expande los asentamientos como una metástasis de la pobreza. Nombres inverosímiles como Solidaridad, Libertad o Democracia, componen el mapa social de barrios donde se confina dadivosamente a miles de personas, a eternizar su miseria. Acceder a una casa a través del Instituto Provincial de la Vivienda, es un calvario que muy pocos alcanzan a completar. Cada tanto, el gobernador Juan Carlos Romero, es retratado por la prensa oficialista, repartiendo personalmente llaves y escrituras, como si fuera Papá Noel y no su obligación tratar de mitigar el drama de los sin techo. A ellos, a pesar de que esta vez la invocación del Santo no alcanzó para evitar la barbarie, les queda un último recurso: elevar una oración a San Expedito y sentarse a esperar un milagro o a la Policía.
Por Héctor Alí